Así lo expresa el parte de prensa emitido por la organización sindical que representa a los docentes de Santa Cruz.
OBSTACULIZAR EL ACCESO AL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y AL TRABAJO NO SON PRÁCTICAS DE UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO Y GARANTISTA
Puesta a punto para la Travesía Binacional en Argentina y Chile - En primer lugar, el secretario de Estado de Turismo, Mario Markic comenzó diciendo que “no… Ver nota >Las resoluciones N° 146/22 y N° 147/22 emitidas por el CPE en conjunto con el Ministerio de Salud y Ambiente exigiendo la vacunación y/o un hisopado semanal negativo para el acceso al dictado de clases no garantiza el no contagio, mucho menos si pensamos en que estos pueden darse en contextos que no son específicamente el ámbito escolar; lo único que generan es la obstaculización en la igualdad de oportunidades entre los docentes y los alumnos, ya que la virtualidad y el nuevo eufemismo de las “aulas hibridas” que se proponen como alternativa a la no vacunación, ante la falta de inversión e insumos se convierten en un inconveniente y no en una solución.
Estas resoluciones vulneran el normal acceso al derecho a la educación impidiendo el dictado de clases en las instituciones del periodo especial y con proyección en la problemática se extenderá a las escuelas del periodo común. Además, se genera una discriminación entre docentes y alumnos dentro del sistema educativo y se contradicen con las decisiones tomadas durante el año 2021, momento en el cual se permitió y fomentó la presencialidad plena sin esquema de vacunación completa, ni solicitud de hisopado.
Es oportuno señalar que tanto los docentes y los alumnos mantienen una vida social activa fuera de la escuela, donde es imposible controlar y regular lo que se objeta en las resoluciones emitidas.
La iniciativa de regresar a las “clases virtuales, las aulas hibridas y/o otras alternativas pedagógicas” se traduce en la sobrecarga laboral de los docentes y por ende en un nuevo intento de flexibilización laboral, colocando en la persona de los trabajadores el peso de las decisiones inconsultas e incoherentes que se toman desde el CPE.
Imponer estos requisitos para tener derecho a la educación no parece ser propio de un gobierno que se auto percibe como democrático y garantista, por el contrario todas estas prácticas son segregacionistas y solo perjudican a la comunidad educativa.
Rechazamos lo establecido en ambos instrumentos legales, exigimos que se los dejen sin efecto y se le dé prioridad al derecho a la educación la cual debe ser libre, gratuita y laica.
