El Secretario de Hacienda realizó la presentación ante el Tribunal de Cuentas. El posible perjuicio económico corresponde a una diferencia entre los kilómetros pagados y los kilómetros recorridos efectivamente, e involucra al Intendente mandato cumplido Roberto Giubetich y algunos de sus secretarios. Por cuerdas separadas, la Secretaría de Gestión Legal y Técnica, a cargo de Jorge Cabezas, hará la correspondiente presentación judicial.
El Secretario de Hacienda de la Municipalidad Diego Robles se apersonó hoy ante el Tribunal de Cuentas de la provincia, a efectos de hacer una presentación para que desde ese organismo de control se analice un posible perjuicio económico en el pago del subsidio a la empresa de transporte público Maxia.
“Venimos a entregar estos expedientes originales que tienen que ver con la relación contractual del Municipio con la empresa Maxia”, señaló Robles en virtud que -tras analizar la tramitación- se ha “detectado a través del entrecruzamiento de documentación entre el expediente sobre el que giraba el subsidio municipal y otro en el que se reconocían importes por una diferencia de costos” por los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019, análisis que concluye con una serie de inconsistencias: la cantidad de kilómetros reconocidos monetariamente no coinciden con la que la propia empresa por declaración jurada manifestó en otro expediente de acuerdo a lo contabilizado por el sistema atrás de GPS que tienen los colectivos.
Leguizamón sobre el ex titular del Tribunal de Cuentas: “Ramos prefirió renunciar antes que ser sometido a Juicio Político” - El Vicegobernador, Fabián Leguizamón, fijó su postura tras conocerse la renuncia indeclinable del presidente del… Ver nota >Así, “la empresa reclamaba y el municipio le pagaba por una cantidad de kilómetros recorridos que no existían”, adujo Robles. Por este motivo, y atento que el Tribunal de Cuentas es el órgano de contralor externo del estado , se realiza esta presentación que tiene carácter “administrativa” y deberá evaluar “si hubo un perjuicio a la Hacienda pública como nosotros creemos que hubo”, en tanto que desde la Secretaría de Gestión Legal y Técnica el Dr. Jorge Cabezas hará la correspondiente presentación ante la Justicia para que sea en ese ámbito donde se determine las responsabilidades penales ante “la existencia o no de algún delito”, señaló el funcionario municipal.
Robles adelantó que en caso que el Tribunal de Cuentas detecte que hubo una malversación, “tiene los mecanismos y los remedios como para que a través del juicio administrativo de responsabilidad -si así lo determina- se pueda recuperar por parte de los funcionarios actuantes el importe que se ha abonado de más”. Este posible perjuicio se ha cuantificado en la suma de 7 millones de pesos, según detalló el Secretario de Hacienda, cifra que luego podrá tener “algún tipo de actualización o no, porque estos son pagos que se hicieron los primeros seis meses del año pasado cuando comenzó la concesión”.
Robles recordó que en esta tramitación intervienen la Secretaría de Gobierno en la “licitación madre y era quién suscribía las actas con la empresa, en algunos casos firmadas por el propietario Marcelo Spanos y otras por el socio gerente Mario García”, luego el trámite se “valida en la Secretaría de Hacienda”.
Vinculación con la empresa
La metodología utilizada durante el año pasado para abonar una diferencia monetaria en función de “reestructuración de costos” fue revisada por la actual administración y se supeditó el pago del subsidio al cumplimiento de los requisitos contractuales.
Robles reconoció que la relación entre la actual gestión y la empresa se mantuvo tensa desde ese momento, y que si bien se ha reclamado una serie de documentación ésta nunca fue remitida “y ahí empezó el conflicto”. Tras una revisión integral de todas las actuaciones administrativas se han detectado irregularidades, como la que hoy se llevó a consideración del Tribunal de Cuentas.
La controversia con la empresa “fue escalando hasta llegar a la situación donde estamos hoy en la que todavía a esta hora no habían entregado la llave de los colectivos pese a tener una intimación y un plazo de la Justicia para hacerlo”, agregó Robles, y finalizó indicando que “lo que queremos por un lado es poner de pie servicio de transporte público para los vecinos que están soportando temperaturas muy complicadas” y por otra parte, si hubo un perjuicio, que “quien estaba encargado de administrar el dinero público de todos los vecinos rinda cuentas”.
