La evidente crisis en materia de higiene que pone en peligro la salud pública, el reclamo de los vecinos y medidas judiciales que recaen en el Municipio llevan a los funcionarios a tomar decisiones para contrarrestar los efectos de un reclamo que paraliza mano de obra y maquinarias al servicio de la comunidad.
El concejal Fabián Leguizamón, en ejercicio del Poder Ejecutivo Municipal, junto a los secretarios del Gabinete, rubricaron el decreto 1450 por el cual se declara “Ad Referéndum” del Concejo Deliberante, la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la ciudad de Río Gallegos, por el término de 180 días a partir del día 29 de mayo.
Cabe señalar que la problemática que atraviesa la ciudad fue judicializada en reiteradas oportunidades, por lo que el Municipio ha sido intimado a adoptar los recaudos pertinentes, para regularizar los servicios de saneamiento y recolección en el ejido urbano de nuestra ciudad y aledaños.
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En los considerandos, se detalla la difícil situación por la que atraviesa la ciudad en cuanto al estado de higiene y salubridad, agravado por la insostenible operatividad y funcionabilidad del Vaciadero Municipal. Explica que se han recepcionado múltiples reclamos de vecinos, a través de los distintos organismos estatales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, establecimientos educativos en sus distintos niveles, juntas vecinales, entre otros, quienes expresan la necesidad de que se ejecuten en tiempo y forma las tareas propias al Municipio.
Varios temas preocupan fehacientemente a toda la población: la recolección de residuos, el colapso de las redes cloacales, el saneamiento integral de los barrios, y el estado del vaciadero municipal, no pudiéndose cumplimentar con el Reglamento General de Higiene, establecido en la Ordenanza Nro. 1793 y sus modificatorias.
Este instrumento autoriza a las Secretarías de Coordinación Ejecutiva, Desarrollo Humano, Niñez, Adolescencia y Familia, Obras Públicas, y Gobierno a la adquisición de bienes y servicios y/o la realización de obras necesarias para afrontar la situación sanitaria imperante. Además, habilita a la Secretaría de Hacienda a realizar todas las adecuaciones presupuestarias que pudiera necesitar para la ejecución de los objetivos del presente decreto.
La problemática general de salubridad de esta capital, se ha visto agravada por las medidas de acción directa que lleva adelante el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, que dificultan la normal prestación de los servicios, impidiendo la salida de la flota municipal. Estos hechos, han dado origen a la denuncia judicial en el Juzgado de Instrucción Nro. 2, con el objetivo de reestablecer la prestación de servicios.
