miércoles, 1 mayo 2024

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial acuerdan agenda de trabajo

Así se plasmó en una reunión de trabajo en la que se resolvió institucionalizar el diálogo entre los tres poderes del Estado en materia presupuestaria y de funcionamiento, que sean sostenibles en base a la realidad económica de la Provincia. Enviarán nuevamente a comisiones el proyecto de Ley que buscaba ordenar el sistema normativo presupuestario vigente.

Legislatura Provincial de Santa Cruz – Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz.

Este mediodía, tuvo lugar una reunión que fue encabezada por la Gobernadora Alicia Kirchner, acompañada del ministro de Gobierno, Fernando Basanta; los vocales del Tribunal Superior de Justicia y su titular, Paula Ludueña; y el presidente del Bloque del Frente para la Victoria – Partido Justicialista, Matías Mazú, en la que se acordó trabajar en la institucionalización del dialogo y la búsqueda de consensos que permitan garantizar la prestación de los servicios del Estado.
Luego de la reunión, Mazú adelantó que “fue una reunión sincera, donde todos los actores somos conscientes de la situación económica de la Provincia, y en base a ello, nos comprometimos a continuar este diálogo, donde garantizar los servicios esenciales – que son obligación de los tres poderes que conforman el Estado Provincial – no se vean perjudicados por compromisos que luego no se puedan asumir”.
Es así que Mazú adelantó “desde la bancada mayoritaria, nos comprometimos a enviar a comisiones nuevamente el proyecto de ley que buscaba ordenar el sistema normativo presupuestario vigente para el Poder Judicial, pero con el compromiso de lograr un consenso dentro de cada poder del Estado, que sea sostenible, atado a la realidad económica de Santa Cruz, no de manera unilateral, más allá de la independencia que cada Poder tiene, y respetando los derechos de los trabajadores”.
Finalmente, el legislador consideró que “es necesario reactivar estos mecanismos de diálogo, institucionalizar el debate con el compromiso de todos los sectores, donde los derechos y garantías de los vecinos no se vean afectados por intereses sectoriales que atenten contra su normal prestación”.

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